Por Gabriel Mercado
Culiacán, Sin.- De acuerdo al estudio "Competencias en las Compras Públicas", realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Sinaloa es primer lugar en tener leyes que permiten las "mejores prácticas" en la adquisición de bienes y servicios.
Sin embargo, el IMCO señala la disparidad y diferencias de las legislaciones del país en relación a las buenas prácticas internacionales.
En dicho estudio recalca que la existencia de buenas leyes en esta materia fomentan procesos de compras competidos, mientras la existencia de reglas de compra poco claras genera espacios de discrecionalidad de la autoridad y, por lo tanto, aumenta la probabilidad de comprar mal (caro y/o sin calidad) y de cometer actos de corrupción. De igual forma, pese a la existencia de dichas normas, no descarta que las autoridades en la práctica no las sigan.
En el análisis se utilizaron 41 indicadores, donde la calificación promedio global de los 32 estados y la federación fue de 46.5 de 100 puntos posibles.
El gobierno federal llegó a 70 puntos, mientras Sinaloa alcanzó el nivel más alto de los estados, con 61, y Guerrero quedó en el último lugar, con 23.
El IMCO criticó, entre otras cosas, que tanto Sinaloa, Hidalgo y el gobierno federal tengan leyes para limitar la compra si el precio ofertado es menor a un precio conveniente.
La premisa detrás de las normas de este tipo es que existe un precio mínimo al que se debe comprar, para asegurar la calidad de los bienes o servicios. Sin embargo, la mayoría de las leyes establecen que para poder hacer una oferta económica es indispensable que la propuesta técnica cumpla con los requisitos de calidad establecidos en las bases o convocatorias. De esta forma, imponer un límite inferior al precio resulta un obstáculo innecesario a la obtención del precio más bajo posible.
El documento agrega la existencia de leyes donde menciona la posibilidad de una adjudicación directa, porque la compra es de escaso valor pero no se define un límite a este monto.
De esta manera, los funcionarios encargados de las compras gubernamentales tienen libertad de definir cuándo utilizar la adjudicación directa, aunque este es un método que no genera competencia. Así lo aplican BC, Guerrero, Michoacán, Morelos y Sinaloa.
El IMCO recalca que cada año, con el dinero derivado de los impuestos, las entidades federativas gastan más de 60 mil millones de pesos en la compra de bienes y servicios. Esta cifra excede en cuatro por ciento el gasto total en carreteras, en 30 por ciento el presupuesto anual del Seguro Popular y en 60 por ciento el programa de desarrollo humano Oportunidades.
*Nota publicada en El Debate de Culiacán.
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